Vía el economista.
La nueva Ley de Vivienda no recogerá un mecanismo que obligue a bajar los precios, pero sí que actuará para frenar las subidas.
El precio del alquiler ya está abaratándose precisamente en las seis comunidades autónomas que podrían considerarse tensionadas, entre ellas la Comunidad de Madrid, donde el precio ha caído hasta un 13,4%.
La fórmula que plantea el Ejecutivo, y sobre la que todavía hay negociaciones en marcha, pasará porque las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán declarar una zona como tensionada por un plazo máximo de tres años. De este modo, durante este periodo de tiempo, si finaliza un contrato de alquiler, el inquilino tendrá derecho a renovarlo en las mismas condiciones de precio. Igualmente, en el caso de los nuevos contratos, el nuevo inquilino podrá solicitar que el precio de referencia sea el del anterior contrato, siempre que no hayan pasado tres años desde que se estableció la zona de la vivienda como tensionada.
En el sector, aunque lo ven como un mal menor, frente a la intervención de los precios, tienen miedo de que esta medida se pueda extender finalmente por más de tres años y volvamos otra vez al régimen de rentas congeladas.
Además, los expertos recuerdan que otros países que ya han aplicado este tipo de acciones no han logrado resultados positivos. La congelación de las rentas es una medida que genera dudas desde el principio, pues leyes parecidas como la de Berlín ya han sido declaradas inconstitucionales, más allá de provocar efectos contrarios a los deseados como son la disminución de la oferta, economías sumergidas, mayor obsolescencia del parque de alquiler por el menor incentivo de los propietarios a invertir en la conservación de sus viviendas, etc.
Además la medida llega tarde, pues precisamente en las zonas más tensionadas es donde se registran tendencias bajistas, con caídas de alrededor del 15% en capitales como Madrid o Barcelona.
Lo que hay que hacer es dar más flexibilidad y más libertad para que las partes puedan pactar, y no condicionarles siempre con medidas restrictivas, que lo que hacen es perjudicar al inquilino.
En España hacen falta más de un millón de viviendas de alquiler asequible, según los datos que manejan desde Atlas RE Analytics y Gesvalt, que calculan esta demanda en base a aquellas familias que destinan un esfuerzo financiero superior al 40% al pago del alquiler.
Por ello, el sector cree que el principal foco de actuación debería ser la promoción de nueva oferta de alquiler para alcanzar un parque residencial en renta de tamaño similar al de otros países de Europa, donde nos llevan mucha ventaja en esta materia. Sin embargo, mientras se desarrollan todos estos inmuebles es necesario actuar en el corto plazo y en este sentido, los expertos y directivos del sector apuestan por otro tipo de medidas para lograr poner freno a la escalada del alquiler.
Así, creen que la nueva Ley de Vivienda debería contemplar medidas fiscales como la reducción plena del IRPF o del IBI para aquellos propietarios que alquilen sus viviendas a precios por debajo del mercado. Asimismo, se debe impulsar la colaboración público privada con condiciones atractivas para la inversión.
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