La futura Ley de Vivienda, blanco de las críticas del mundo inmobiliario y empresarial.  - Real Estate Ability

La futura Ley de Vivienda, blanco de las críticas del mundo inmobiliario y empresarial. 

Vía idealista.com

Un estudio publicado por  el Instituto de Estudios Económicos (IEE) nos detalla  el impacto que tendrá la ley tanto en el mercado residencial como para los propietarios. El IEE resume los efectos de la normativa y reclama más seguridad jurídica e incentivos fiscales para solucionar el problema del alquiler.

La normativa, que está en trámite parlamentario, podría entrar en vigor a la vuelta del verano y son muchos los efectos negativos que podría provocar en el mercado del alquiler y en los propietarios.

La limitación de las rentas de las viviendas de alquiler en aquellas zonas consideradas como mercados tensionados, o la obligación de que los promotores destinen una parte de sus proyectos residenciales a VPO. Medidas cuyos principales efectos serán los siguientes, según Cuervo:

  • Empobrecimiento patrimonial de todas aquellas personas físicas y jurídicas que son titulares de una vivienda destinada a alquiler al estar sus viviendas vinculadas a la renta obtenida.
  • Disminución de garantías de los acreedores que tienen una deuda vinculada a una vivienda destinada a alquiler, puesto que, a través de la limitación de rentas, el valor del activo disminuye.
  • Reducción de la oferta actual de vivienda de alquiler y reducción, también, de oferta de vivienda nueva destinada al alquiler.
  • Desequilibrio de mercado: incremento de precios al reducirse la oferta de vivienda en alquiler tanto nueva como usada.
  • Paralización generalizada de la actividad promotora y constructora de vivienda nueva para la venta al estar obligados a destinar el 30% de la promoción residencial a VPO, lo que supondría una destrucción de más de 400.000 puestos de trabajo en toda España. Una paralización que podría llegar al 90%.
  • Una menor recaudación impositiva para las arcas de las tres Administraciones (estatal, autonómica y local), debido al parón generalizado de nuevos proyectos. Tendría un impacto de más de 6.847 millones de euros que dejarían de recaudar si  llegara al 90%.
  • El coste social que supone un mercado de viviendas muy tensionado con gravísimos problemas de acceso, retraso de la edad de emancipación, demografía, etc.

El sector inmobiliario insiste que la futura normativa merma la seguridad jurídica y que es fundamental que el mercado de la vivienda tenga un marco estable que permita fomentar la inversión y el desarrollo a largo plazo.

Según el IEE, es necesaria la promoción de la vivienda social en alquiler, cuyo parque se sitúa en España muy por debajo del promedio de la Unión Europea, para lo que es fundamental fomentar la colaboración público-privada, en tanto que este esquema mejora la eficiencia en la gestión y reduce los costes para el sector público. A su vez, las Administraciones Públicas deben favorecer el desarrollo del suelo, ampliando la oferta disponible, así como eliminar rigideces y limitaciones de las normativas urbanísticas que condicionan el adecuado desarrollo de viviendas en alquiler asequibles.

Y concluye que «es clave el establecimiento de incentivos fiscales para la construcción de vivienda para alquiler en zonas de escasez, así debe mejorarse la normativa fiscal vinculada a las empresas dedicadas al arrendamiento para favorecer este tipo de inversiones, tal y como sucede en otros países europeos con parques de vivienda más desarrollados».


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