vía idealista.com
Lo confirma el nuevo secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.
Francisco David Lucas Parrón, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, ha explicado que el control de precios del alquiler en zonas tensionadas será temporal y que tanto para intervenir como para suprimirlo será una decisión que deberán tomar las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En su primera aparición pública, Lucas Parrón ha restado importancia a esta medida porque considera que sólo ataca el problema a corto plazo y en zonas muy específicas. Sin embargo, el socialista sí ha hecho hincapié en el «problema de oferta que existe en España» y ha apuntado a la colaboración público-privada como una de las soluciones, aunque ha matizado que estos efectos llegarán a medio y largo plazo.
Conciliador y con un discurso menos intervencionista que su superior el ministro de de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos. Así se ha mostrado Lucas Parrón en la inaguración de unas jornadas sobre la vivienda organizadas por preciosdevivienda.es en el Círculo de Bellas Artes (Madrid). El que fuera alcalde de Móstoles se ha mostrado cercano y comprensivo con el sector privado y ha querido restar dramatismo a las políticas intervencionistas en el precio de la vivienda.
«Los límites en el precio se producirán en zonas muy tensionadas -se realizará por unidades censales- y durante un tiempo limitado hasta que la oferta se recupere y deje de ser necesario», ha explicado el nuevo secretario general de Vivienda. En este sentido, Lucas Parrón ha matizado que serán los ayuntamientos y las comunidades autónomas las que determinen cuándo eliminar esta medida, al igual que serán estas administraciones las que tomen la decisión de aplicarla o no. Lucas Parrón, con apenas 15 días en el cargo tras sustituir a Helena Beunza, ha reconocido que «todavía no han hablado con ningún ayuntamiento», ya que prefieren esperar a tener finalizado el Índice de Precios de Alquiler, que estará listo a finales de marzo.
El político ha intentado transmitir las líneas que seguirá su Secretaría durante esta legislatura y ha enfatizado que el verdadero problema «está en la oferta». Aumentar este aspecto será el objetivo del ministerios, aunque ha reconocido que los efectos se verán «a medio y largo plazo». Por este motivo, cree necesario el límite de precios de alquiler como medida de urgencia hasta que pueda estabilizarse esta variable.
«Vamos a contactar con todo el sector privado para poder tratar de recoger información e intentar que las medidas que se pongan en marcha sean fruto del acuerdo y del consenso», ha afirmado en este evento. En esta línea también ha explicado que es «fundamental» la colaboración público-privada y la necesidad de «no caer en errores pasados».
Con respecto a las actuaciones que llevarán a cabo durante este 2020, el socialista ha destacado una nueva Ley Estatal de Vivienda que pretenden elevar al Congreso de los Diputados a lo largo de este 2020, porque está convencido de que a través de esta ley pueden «trazar las líneas generales» que sitúen a la vivienda «como un derecho fundamental», aunque ha reconocido que deben respetar el marco competencial en esta materia -ayuntamientos y comunidades autónomas-.
También ha adelantado una nueva Ley de Seguridad Jurídica que espera que «esté lista para el primer semestre de este ejercicio». En este aspecto, David Lucas ha hecho referencia a su pasado en una administración local -exalcalde de Móstoles- para resaltar la importancia de esta nueva medida. «Tenemos que encontrar la fórmula para que los planes generales de urbanismo no sean anulados judicialmente de manera sistemática», ha explicado.
Lucás Parrón ha finalizado su exposición con dos nuevos anuncios: otra nueva Ley de Escrituración y la reforma del Plan Estatal de la Vivienda para dar cabida a la rehabilitación del parque inmobiliario. «En España se rehabilitan cerca de 30.000 unidades al año y queremos aumentar esta cifra porque contamos con un parque de viviendas muy envejecido» ha explicado. Por último, el socialista arrojó las intenciones del Ministerio de Fomento de realizar reformas fiscales en materia de vivienda y su voluntad de desatascar operaciones tan importantes como la de Campamento (Madrid) o dar salida a los suelos de Sepes con las que crear 20.000 nuevas viviendas en alquiler.
